Por: Javier Jiménez Espriú
ASI-NACIONAL
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Con la designación de los Consejeros Profesionales que establece la reformada Ley de Petróleos Mexicanos, se iniciará una nueva etapa en la administración de nuestra industria fundamental.
Luego de un debate nacional sin precedente sobre un tema que por años ha apasionado a los mexicanos: el petróleo nacional, las iniciativas presidenciales propuestas para la nueva organización de PEMEX hubieron de tener modificaciones sustantivas sobre las intenciones primigenias de abrir la industria a la iniciativa privada en áreas estratégicas como la refinación y la instalación y operación de ductos y en la aspiración de permitir la participación de los privados en la exploración y la explotación de yacimientos, con contratos de riesgo –que aunque no se aceptaban como tales así eran.
Con algunas modificaciones – que todos fuesen de tiempo completo y que fueran ratificados por el Senado a propuesta del Presidente-, se aprobó, entre otras cosas, la solicitud presidencial de agregar al Consejo de Administración de PEMEX, a cuatro Consejeros Profesionales, que por Ley, tienen delicadas e importantes responsabilidades. Deberán ser escrupulosos vigilantes de la buena marcha de la industria y de que esta se conduzca estrictamente dentro de los márgenes que establece la Ley, en su espíritu y en su letra. Debieran ser por tanto, funcionarios independientes, profesionales destacados, individuos íntegros y patriotas, que no respondan a otros intereses que los de la industria.
Traigo esto a colación, porque se ha dicho en la prensa que “la negociación” -¿cuotas políticas?- sobre los posibles consejeros la harían los senadores representantes de las tres fracciones más importantes, con el Secretario de Gobernación. Serían tratados en Bucareli. El sitio y el procedimiento tienen un matiz más político que técnico y profesional, lo que no resulta lo más conveniente.
Cuando el Presidente Obregón buscaba el reconocimiento de su gobierno por el norteamericano, hubo de llegarse a los tristemente célebres Tratados de Bucareli, en los que se otorgaron importantes prerrogativas a los norteamericanos en México. La más buscada por el imperio del Norte –como siempre- era la de continuar con el control y la explotación indiscriminada de nuestros yacimientos petrolíferos, lo que no quedó escrito en los tratados, porque hubiera requerido modificar la Constitución, que no se consideraba factible políticamente –argumento que volvió a surgir en la reciente Reforma-, pero como todos sabemos, se aceptó de hecho –y el reconocimiento se logró-, haciéndonos “de la vista gorda”, y permitiendo la continuación de la inconstitucional explotación, hasta que se dio la expropiación petrolera.
Aunque debemos dar el beneficio de la duda a quienes vayan a ser designados, tendremos que mantenernos vigilantes porque estarán sujetos a enormes presiones directas e indirectas de todos los orígenes: desde la del Presidente, que continúa volteando al pasado reciente añorando su frustrada propuesta de abrir a PEMEX y permitir que la iniciativa privada construyera tres, cuatro, cinco refinerías al mismo tiempo –¿o buscará también el reconocimiento del gobierno norteamericano?-, los partidos políticos, y las empresas nacionales y extranjeras interesadas, estas apoyadas por sus gobiernos, hasta la cauda interminable de negociadores, representantes de fondos, cabilderos, que propondrán interpretaciones “legaloides” a las normas establecidas.
Después de la matanza de Tlatelolco, durante el conflicto de 1968, el Secretario de Gobernación se comunicó con el Rector Javier Barros Sierra, para “garantizarle” que ese lamentable hecho no había salido de Bucareli. El gran Rector, con su inolvidable ingenio y su característico valor le contestó: “lo sé Señor Secretario, salió por Abraham González”.
Esperemos en beneficio de nuestra industria petrolera y de México, que “los tratados en Bucareli no vayan a salir por Abraham González”.
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